Discolo de la Palabra: Economia: Crisis sistémica

Discolo de la Palabra: Economia: Crisis sistémica: Columnas 10 de mayo de 2014 Economía: Crisis sistémica Claudio Vás...

Columnas EL MOSTRADOR

10 de mayo de 2014

Economía: Crisis sistémica

Claudio Vásquez Lazo

Ex embajador

El economista estadounidense, profesor de Harvard y director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia Jefrey Sachs nos relata en su libro El Precio de la Civilización que, a mediados del siglo XVIII, el filósofo Jean Rousseau rechazó la idea que provenía de Gran Bretaña y que pregonaba el libre intercambio de bienes y servicios, y la búsqueda del interés propio por los actores económicos genera prosperidad. Según el filosofo francés en una sociedad comercial las “personas son codiciosas, violentas, bribonas y ambiciosas” y todo esto genera miseria y la opulencia.

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Aparentemente pareciera que la sentencia de Rousseau cobra actualidad en la economía global y particularmente en el Chile de hoy. En efecto, en su libro Sachs nos indica que posiblemente nos encontramos ante una crisis no sólo económica y política, sino en una “verdadera crisis sistémica que puede poner en riesgo a las democracias y repúblicas en Occidente “.
Las duras declaraciones del presidente de la AFP Habitat, José Antonio Guzmán, en el sentido de que “los empresarios descontrolados por la codicia causan desprestigio de la clase empresarial”, apuntando a los escándalos de La Polar, el caso Cascadas y el cuestionado aumento de capital de Enersis, parecieran coincidir con la idea de Rousseau en relación a la codicia y ambición de la clase empresarial. Para Guzmán no escapa que las malas prácticas empresariales han provocado que los empresarios ocupen los últimos lugares en la apreciación social. El empresario se hace la pregunta –y nosotros también– de cómo es posible que los directores de las empresas señaladas e imputadas como malos gobiernos corporativos que causaron daño enorme a sus clientes continúen en sus cargos. Y que los sectores políticos, “ni moros ni cristianos” como dice Guzmán, hayan reaccionado respecto a estos escándalos.
La pregunta del ex presidente de los empresarios chilenos pareciera tener algunas respuestas en el libro del economista norteamericano arriba mencionado y tiene que ver con la restauración de los valores de la responsabilidad social de los empresarios, por un lado, y el abandono de cualquier compromiso de responsabilidad de la élites gobernantes, los superricos, los altos directivos que “sólo persiguen la riqueza y el poder, y que los demás se busquen la vida”, nos dice Sachs.

La economía chilena –al igual que la de todos los países capitalistas– cada día da cabida a menos sectores de la sociedad. En efecto, en nuestro país se ha desbocado el auge de la fortuna y de la miseria, mientras que a las políticas gubernamentales las aqueja un déficit crónico de resolución que ponga atajo a este verdadero escándalo social. La reforma tributaria podría ser un primer pequeño paso para disminuir la brecha entre ricos y pobres vía la educación.

Mientras en nuestro país la derecha aboga por menos Estado y, por ende, menos intervención de Gobierno, en su libro El precio de la civilización Sachs plantea que hoy necesitamos más Gobierno que esté a la altura de las modernizaciones a que obligan los retos específicos de la economía interconectada.
Según el economista, bajo la crisis económica americana subyace una crisis moral: la élite económica y política cada vez tiene menos espíritu cívico y agrega que de poco sirve tener una sociedad con leyes, elecciones y mercados si los ricos no se comportan con respeto, honestidad y compasión hacia el resto de la sociedad y hacia el mundo.
La globalización, como lo hemos manifestado en otros artículos en El Mostrador, ha creado ganadores y perdedores: Los ganadores son los empresarios y las elites económicas, financieras y políticas en países globalizados, y los perdedores son las masas asalariadas de países como el nuestro.
Por otro lado, la globalización económica, según Sachs, también ha creado problemas serios, tales como: el aumento de la evasión fiscal debido a la rápida proliferación de paraísos fiscales en todo el mundo. Las empresas multinacionales en general –y los monopolios en nuestro caso– tienen mucho más posibilidades de evadir impuestos. Como sabemos, este fenómeno fue denunciado como una de las lacras por el último encuentro del Foro Económico Mundial de Davos en enero recién pasado. Otra lacra muy relevante es la amenaza de perpetuar las diferencias entre ricos y pobres, que hoy supone un nivel de desigualdad sin precedentes.
No me llama la atención la virulencia de los ataques del empresariado a la reforma tributaria del Gobierno, es parte de la creencia –ideología ciega la llama el economista Ricardo Ffrench-Davis– que todavía pueden seguir manteniendo el estado de cosas imperante hasta ahora. No se dan cuenta de que la situación de injusticia en la distribución de la riqueza tocó fondo y que amenaza la estabilidad democrática. La economía chilena –al igual que la de todos los países capitalistas– cada día da cabida a menos sectores de la sociedad. En efecto, en nuestro país se ha desbocado el auge de la fortuna y de la miseria, mientras que a las políticas gubernamentales las aqueja un déficit crónico de resolución que ponga atajo a este verdadero escándalo social. La reforma tributaria podría ser un primer pequeño paso para disminuir la brecha entre ricos y pobres vía la educación.
La derecha se ha escandalizado con la reforma presentada y que tiende a estrechar las diferencias. Lo que sí es un escándalo es la incapacidad de ponerse en el lugar de los sectores que viven con el sueldo mínimo. De acuerdo con la reciente declaración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, para enfrentar la brecha entre ricos y pobres las políticas gubernamentales tienen que enfocarse no sólo en los ingresos, sino también en un mejor acceso a la educación, salud e infraestructura pública de calidad. En todo caso, no hace bien que ciertos sectores de la Nueva Mayoría se cierren a un diálogo de ideas que enriquezcan la reforma tributaria.
Según el libro Desigualdad, de Richard Wilkinson y Kate Pickett, citado por Zygmunt Bauman, la calidad de vida de una sociedad no se mide a través del ingreso medio, sino mediante el grado de desigualdad en los ingresos. El alcoholismo, la violencia, la criminalidad y demás patologías sociales aumentan cuando lo hacen las desigualdades, aunque la riqueza global se incremente, nos dice el sociólogo en una entrevista que publicó el diario El País.
Lo anterior hace reflexionar a Bauman en su último libro ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, donde señala que en los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial las políticas estatales intentaron que aumentase la riqueza total, pero que también la distribución de la misma alcanzara a la mayor cantidad de gente posible, de modo que cada vez más personas se pudieran incorporar a una situación de bienestar. Sin embargo, a partir de la década de los setenta, esta tendencia se invirtió, acelerándose ahora de modo preocupante.
Según el Papa Francisco –citado por Bauman–, para señalar cómo estas diferencias de ingresos se han hecho evidentes: “Las Ganancias de una minoría están creciendo exponencialmente, lo que provoca que también crezca la brecha que separa a la gran mayoría de la prosperidad que disfrutan esos pocos felices”.
Las consecuencias sociales de esta desigualdad y la masiva concentración de los recursos económicos en unos pocos trae como consecuencia –entre otras– que la llamada clase media y el proletariado formen parte de una nueva clase conjunta que el sociólogo polaco llama El Precariado. Según Zigmunt Bauman el Precariado es: gente que no está segura de su futuro.
Las leyes del mercado implican que la empresa en que trabajas pueda ser devorada por otra y tú te vayas a la calle, perdiendo de pronto todo lo ganado en una vida: nadie está seguro, nadie confía en el porvenir, de un día para otro pasas de ser parte de la difusa clase media a la gran masa de los sin empleo, sin leyes de mitigación que te amparen. Chile es un caso paradigmático de cómo sectores que se toman como “capa media empobrecida” desvelan una pobreza indignante después de los recientes terremotos del Norte y el incendio de Valparaíso.
Según Bauman y Sachs la brecha de las desigualdades ha roto la cohesión social y ha dejado a las sociedades privadas de los beneficios de la confianza social. Para ambos, los ricos han cavado sus trincheras y se han parapetado en sus castillos respecto al resto la población. A mi juicio, este es el problema que enfrenta nuestro país y con ello la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La crisis de los valores de la solidaridad y cooperación entre clases: de la obligación que tienen los más ricos de devolver vía impuesto lo que corresponde a toda la sociedad. La desigualdad es corrosiva y destruye a las sociedades desde dentro y hace que Chile viva una crisis sistémica que no tiene solución por la ceguera de sus élites. Por lo anterior, el suicidio de jóvenes y ancianos ha dejado de ser un patrimonio doloroso de los países desarrollados.
Hay un precio que no podemos permitirnos pagar y que es que la ceguera de unos pocos hipoteque el horizonte de nuestros jóvenes y lance a nuestros ancianos a la precariedad más absoluta. El futuro incierto para millones de ciudadanos hace más imperativo que nunca el retomar la senda de una distribuc

RSD: no es filantropía

RSE: no es filantropía

Por: Claudio Vásquez Lazo

En: Economía

9 de mayo, 2014

En nuestro país, la gran mayoría del empresariado ve la responsabilidad social más bien como una labor filantrópica y no como lo que es: Una acción de sustentabilidad para lograr un desarrollo sostenible que permita garantizar calidad de vida para la generación presente y futura. En otras palabras, un modelo de gestión exitoso es el que considera la identificación de los grupos de interés, los impactos que generan el negocio y los riesgos y oportunidades derivados de esos impactos.

Según el IFC (Corporación Financiera Internacional), grupo del Banco Mundial, en la actualidad la expresión “relaciones con los actores sociales” se está empezando a usar para describir un proceso continuo más amplio y más inclusivo entre una empresa y quienes podrían verse afectados por sus actividades, que abarca una variedad de actividades y enfoques, que se desarrolla a lo largo de toda la vida de un proyecto.
Esta evolución del significado de la expresión es “indicativa de cambios más generales en el mundo financiero y de los negocios, en el que se reconocen cada vez más los riesgos para las actividades comerciales y para la reputación que se derivan de una relación precaria con los actores sociales, y se hace cada vez más hincapié en la responsabilidad social de las empresas y en la transparencia y la difusión de información”.
En este contexto, mantener buenas relaciones con los actores sociales es un prerrequisito para una adecuada gestión del riesgo. En efecto, mientras más una empresa se hace cargo de sus impactos de manera responsable, más beneficios genera para el negocio.
Un gran número de empresas ha encontrado valor, ventajas y beneficios para sus negocios al invertir en modelos de gestión enfocados desde la sustentabilidad, pues les permite asegurar la sostenibilidad del negocio, perfeccionando su producción, disminuyendo costos y elevando su calidad. Además, su imagen corporativa y de marca se posiciona con una alta reputación, disminuyendo riesgos de mercado e incrementando la rentabilidad.
El asumir una estrategia de gestión sustentable permite a la empresa comprender el rol que juega dentro de la sociedad y que ese rol hay que asumirlo de forma responsable.
En nuestro país, por desgracia, los diversos casos de colusión, escandalosas repactaciones de deuda como las de La Polar, el Banco Santander y la generalizada falta de responsabilidad social empresarial, de las Isapres, Afps, telefónicas, farmacias, retails etc., nos muestran la necesidad de recorrer el camino correcto.
En el caso que de La Polar, la fuerte protesta pública y la consiguiente preocupación por la ética empresarial pone en duda las bases en que se sustenta el crecimiento económico del país.
En una entrevista al diario El País un catedrático de la London School of Economic decía, refiriéndose a las lacras que empañan la economía en España, como la corrupción, “el poder de los contactos frente a la meritocracia hace que la gente rechace el capitalismo porque cree que funciona a base de chanchullos”.
La economía de mercado en una sociedad necesita de legitimidad y eso solo lo entrega la transparencia y que las reglas del juego sean para todos iguales.
El caso del accidentado proyecto Hidro-Aysén nos sirve de ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. En efecto, en su momento el claro pronunciamiento de la candidata, hoy Presidenta Michelle Bachelet, en cuanto a que el proyecto de Hidro-Aysén es hoy inviable y que por lo tanto no se debía seguir construyendo, es una muestra palmaria de un proyecto que no tomó en cuenta los efectos sociales, medioambientales y culturales que significaban su implementación.
En respuesta a la candidata del Pacto Nueva Mayoría, el vicepresidente ejecutivo de la hidroeléctrica, redujo el problema a la necesidad “de un acuerdo político que promueva una línea de transmisión para todos los proyectos, y en esa medida va a ser viable HidroAysén”.
El señor gerente creyó erróneamente que la ciudadanía de la patagonia y del país no tienen opinión en este asunto: craso error cometen los inversores de este mega proyecto y que es también el de muchos otros empresarios, que no entienden que sus emprendimientos afectan a miles o millones de ciudadanos.
El profesor de ética de negocios de la universidad de Georgetown Washington D.C,  John M. Kline, señala en un artículo aparecido en un vespertino local que: “un aspecto preocupante del caso de La Polar es la cantidad de personas del sector privado e instituciones que no detectaron y/o tomaron medidas contra la conducta indebida de La Polar”.
Podemos concluir, como lo hace en el citado artículo el profesor Kline que algunos aspectos del escándalo sugieren que por lo menos una parte de la élite empresarial valoriza los negocios “ingeniosos” y las ganancias a corto plazo por encima de ser justos con los clientes, o incluso del éxito empresarial.
Hoy Chile es, según muchos observadores internacionales, un ejemplo de irresponsabilidad social empresarial. Y la pregunta que nace espontánea es: Donde están las leyes que pongan atajo a esta situación que provoca un serio daño social y de imagen país.
Las pocas empresas nacionales que han iniciado un camino hacia la responsabilidad social han desarrollado políticas encaminadas a su sostenibilidad, con el objetivo de abordar los impactos que generan sus negocios en las dimensiones, económicas, ambiental y social. En este entendido, se hace indispensable, el compromiso y la conducción que puedan ejercer los directivos de cada empresa, puesto que éxito de un modelo de gestión de sustentabilidad solo será exitoso si la alta dirección apuesta por la sostenibilidad del negocio en el largo plazo, con una visión estratégica de futuro.
En un informe del año pasado sobre la responsabilidad social empresarial, una consultora multinacional, le dice a sus clientes locales: que las empresas con responsabilidad social deben identificar a su entorno interesado (stakeholders): trabajadores, vecinos, clientes, accionistas etc., y determinar los impactos causados en la vida de sus comunidades y el medio ambiente; el identificar los riesgos y oportunidades de esos impactos; desarrollar iniciativas que agreguen valor a sus productos y servicios, generando “good will” contribuye al “blindaje social” del negocio.
Entender que una empresa genera impactos, ya sea por medio de sus operaciones o por los servicios que ofrece, permite que la compañía los pueda considerar y asumir como parte de su planificación  estratégica, logrando aminorar o bien reducir progresivamente esos impactos.
En nuestro país, la gran mayoría del empresariado ve la responsabilidad social más bien como una labor filantrópica y no como lo que es: Una acción de sustentabilidad para lograr un desarrollo sostenible que permita garantizar calidad de vida para la generación presente y futura. En otras palabras, un modelo de gestión exitoso es el que considera la identificación de los grupos de interés, los impactos que generan el negocio y los riesgos y oportunidades derivados de esos impactos.
El nuevo contrato que la sociedad requiere para que seamos un país más rico y equitativo necesita del concurso de todos los sectores. En efecto, sin leyes que regulen el crecimiento sustentable basado en la ética y las buenas prácticas, sin canales para la expresión de los actores sociales y sin emprendedores comprometidos con la sustentabilidad, no seremos una nación desarrollada.

Claudio Vásquez Lazo

Militante PPD, ex Embajador.

Publicado en www.elquintopoder.cl

¿Es Chile una sociedad decente?

Por: Claudio Vásquez Lazo

En: Ciudadanía

22 de abril, 2014

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La vida que vale la pena es la por crear un mundo más feliz: donde no trabajen casi 300 millones de niños entre 5 y 17 años de edad, (según datos de la OIT), donde no mueran de frío indigentes en las calles de nuestras ciudades, donde la educación sea de calidad para todos, donde el salario de la mujer sea el mismo que el del hombre por igual trabajo, en definitiva no se avale la desigualdad que generan sociedades indecentes como la nuestra.

En estos momentos en que muchos chilenos estamos viviendo momentos difíciles es más necesario que nunca confrontar ideas y propuestas que nos permitan seguir construyendo un Chile libertario, que combine el desarrollo económico con idénticos niveles de igualdad y bienestar.
¿Podemos decir que en nuestra vida nos hemos caracterizado por ser  agentes del cambio?
Ampliar las libertades ciudadanas, garantizar mayor acceso femenino a niveles de decisión, respetar a la tierra ; aceptar la diversidad sexual, respetar los derechos del niño, el anciano y las etnias; impulsar reformas a la educación, laborales y previsionales: ésas han sido algunas de nuestras preocupaciones.
El desafío que tenemos es aprender de los errores pasados. Imaginar la sociedad que queremos requiere un diálogo confrontacional de ideas, por la atingencia -aunque parezca paradójico en este momento- de poner la idea de felicidad como un eje central del discurso político, en un mundo partidario aquejado de una alarmante ceguera.
Los movimientos sociales que hoy se manifiestan en las calles han puesto énfasis en los cambios reales aquí y ahora. En el país somos mayoría los que pensamos que el movimiento social quiere una patria inclusiva, donde libertad, igualdad y felicidad sean prioridades ineludibles.
En el mundo, el capital es cada vez más globalizado, dice el sociólogo italiano Mauricio Lazzarato. La relaci6n capital trabajo no garantiza la seguridad social “desde el nacimiento a la muerte” y eso genera inseguridad. Estamos ante una acumulación capitalista que no se funda solo en la explotaci6n del trabajo en sentido industrial, sino en la explotación del conocimiento, la vivienda, la salud, el tiempo libre, la cultura, los recursos relacionales entre individuos, el imaginario, la formación del hábitat.
No se venden bienes materiales o inmateriales, dice Lazzarato, sino formas de vida, comunicación, educación, estándares de socialización, vivienda, transporte.
La globalización, según el sociólogo, “no es sólo extensiva (deslocalización), sino intensiva, y concierne tanto a los recursos cognoscitivos, culturales, afectivos y comunicativos (de la vida de los individuos) como los territorios, los patrimonios genéticos (humanos, vegetales y animales), los recursos de la vida de las especies y del planeta (el agua, el aire).
Aristóteles asignó gran importancia al estudio de la felicidad. Para el filósofo, el bien más elevado es la felicidad y todos se proponen alcanzarla.
La felicidad consistía -entre otras cosas- en poseer la sabiduría. Según él, la tarea de los seres humanos es el supremo bien, que solo se logra por la política.
En el siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham sostenía que la mejor sociedad es aquella en que sus ciudadanos son más felices. En ética y moral (ámbito privado), tanto para Aristóteles como para Bentham la acción mejor será la que otorgue felicidad a mayor número de personas.
EI economista Richard Layard, en “La felicidad”, dice que “este es el máximo principio de la felicidad: fundamentalmente igualitario, porque la felicidad de todos cuenta por igual; y también fundamentalmente humano, porque sostiene que en última instancia lo que importa es lo que sientan las personas”.
Algunos piensan que la felicidad es un bien privado. EI filósofo Thomas Hobbes propone que deberíamos pensar en los problemas humanos considerando a los hombres “como si acabaran de brotar de la tierra y, de repente (al igual que los champiñones) llegaran a la total madurez, sin ningún vínculo entre ellos”. En cambio, otros lo pensamos como algo colectivo: así como la política es una necesidad que no podemos eludir para la vida humana, la felicidad es algo relacionado con mi mente y la de otros.
En “Una mente pública” Hannah Arendt habla de felicidad pública para expresar que de lo que se trata es “asegurar a muchos el sustento y un mínimo de felicidad”, en contraposición a la antigüedad, cuando unos pocos se ocupaban de la filosofía (política) en desmedro de la mayoría. EI humano, dice Arendt, no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros.
La lucha de los ciudadanos del mundo -y en especial de Chile hoy- es impedir que nos transformen en consumidores inconscientes en una  realidad social profundamente desigual. La pregunta que nos hacemos es, si la política partidaria ha ayudado a nuestra sociedad en la búsqueda de más justicia, igualdad y felicidad. La política debe concurrir a este propósito. Por desgracia, en buena parte del mundo la política tradicional genera lo opuesto: infelicidad, incertidumbre y desesperanza en las personas.
La vida que vale la pena es la por crear un mundo más feliz: donde no trabajen casi 300 millones de niños entre 5 y 17 años de edad,(según datos de la OIT), donde no mueran de frío indigentes en las calles de nuestras ciudades, donde la educación sea de calidad para todos,  donde el salario de la mujer sea el mismo que el del hombre por igual trabajo, en definitiva  no se avale la desigualdad que generan sociedades indecentes como la nuestra.
La decente es aquella en que los menos no humillan y avergüenzan a los más.
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Foto: GONZALO BAEZA / Licencia CC

Publicado en www.elquintopoder.cl

Claudio Vásquez Lazo

Militante PPD, ex Embajador.

Trascendiendo el paradigma del poder

Por: Claudio Adrian Vásquez Lazo

En: Política

26 de marzo, 2014

Esta nueva administración de gobierno no sólo debe esmerarse en la buena utilización de los recursos financieros del Estado, sino también en una permanente rendición de cuentas acerca de la efectividad de las políticas que se están aplicando y de la capacidad de gestión en los asuntos públicos. La sociedad tiene derecho a exigir de sus autoridades total transparencia y máxima excelencia en la gestión de los asuntos que conciernen a todos.

Hace doce años escribí en el Utopista Pragmático, revista del domingo del Diario la Nación, un artículo titulado “Trascendiendo el paradigma del poder”. En efecto, allí decía que con el transcurso de los años los políticos concertacionistas centraron su actividad en una lucha por el poder (el paradigma del poder), reduciendo la actividad política a un mero esfuerzo de control de los recursos públicos y personas, en beneficio de la cúpula dirigente de los partidos, sus seguidores, amigos y parientes.
Sin embargo, el foco de la actividad política debe ser el servicio público, el bien común. Ello obliga ayer y hoy día a trascender el actual paradigma del poder, el que es una distorsión ética. La inspiración para la actividad política debe provenir de la solidaridad, porque es un ámbito de servicio a la comunidad nacional y no un negocio. De ahí el alto nivel ético que debe exigírsele a quienes participan de ella, y cuya ausencia la convierte en un espacio propicio para la corrupción. Y entre corrupción y democracia hay una incompatibilidad total, como también entre corrupción y modernización de la sociedad. Por lo tanto, la Nueva Mayoría tiene la obligación de reasumir el componente ético en la política y el servicio público.
Que no vuelva a suceder lo que apareció tímidamente en los primeros años de gobierno concertacionista y que hoy -si miramos el escenario político reciente- lo vemos jalonado de los más diversos escándalos en todos los ámbitos. En efecto, a pesar de las promesas de Piñera candidato, de un gobierno de excelencia en gestión y en ética, su gobierno fue un chasco. O sea, nada nuevo bajo el sol en el país rey de la desigualdad y desintegración ciudadana, como lo demuestran innumerables estudios internacionales.
Lo anterior nos muestra que es necesario que los mecanismos de fiscalización de la sociedad sobre la administración del Estado se perfeccionen aún más. Esta nueva administración de gobierno no sólo debe esmerarse en la buena utilización de los recursos financieros del Estado, sino también en una permanente rendición de cuentas acerca de la efectividad de las políticas que se están aplicando y de la capacidad de gestión en los asuntos públicos. La sociedad tiene derecho a exigir de sus autoridades total transparencia y máxima excelencia en la gestión de los asuntos que conciernen a todos.
Por otra parte, hay que reponer en el escenario la igualdad de oportunidades para todos. Este anhelo dejó de ser una prioridad para la élites políticas durante la Concertación y el gobierno de Piñera. En efecto, durante sus gobiernos se ha producido una gran concentración de la riqueza y del poder, reduciéndose el abanico de opciones que la ciudadanía tiene en, prácticamente, todos los ámbitos. Para que pueda haber igualdad de oportunidades deben existir previamente oportunidades por las cuales optar. Es necesario que la Nueva Mayoría, si quiere cambios de verdad, asegure a la ciudadanía un amplio rango de oportunidades y un fortalecimiento de sus capacidades para optar por ellas. El Estado debe intervenir para robustecer a la sociedad civil, fortaleciendo su capital social, poniendo en práctica un efectivo proceso de descentralización.
Una sociedad civil poderosa requiere abrir caminos de participación de la gente, con reales facultades de decisión. Se necesita que las opiniones, preocupaciones e inquietudes de la comunidad tengan una influencia gravitante. Recomponer la identidad política de los partidos de La Nueva Mayoría exige redefinir sustancialmente sus vínculos con la sociedad civil, abrir sus estructuras a la participación de la gente, sin que sea un requisito para ello ser militante. Nada más nefasto para un partido que la existencia de fronteras rígidas entre sus potenciales electores y sus estructuras decisionales. La vieja concepción militarista de los partidos debe ser remplazada por una organización de la sociedad civil que se funde con ella.
El actual discurso político nos ha acostumbrado a juzgar positiva la reducción de la intervención del Estado, incluso en aquellos ámbitos en los que están en juego derechos básicos de las personas, en el entendido que el sector privado sería el más capacitado y eficiente para administrar- que fue por lo demás la promesa que la coalición de derecha ofreció a los ciudadanos para que los eligieran en el gobierno- y que ha quedado en duda después de los múltiples errores cometidos por los gerentes en la administración del Estado.
La intervención de la empresa privada en el ámbito de los derechos básicos es aceptable, siempre que no involucre un desplazamiento de la participación del Estado. Los derechos básicos son tales porque su concreción no depende de la obtención de lucro y su existencia es anterior a cualquier arreglo institucional, incluido el del mercado. Las posibilidades que se transformen en un ámbito propicio para ello sólo es legítima una vez garantizado el nivel mínimo mencionado y no a costa de él.
Ahora bien, la necesidad de cambios profundos en los partidos de la antigua Concertación es condición básica y no pasa por la reestructuración antojadiza a la que nos quieren llevar los auto denominados progresistas del conglomerado de gobierno, como si la DC no lo fuera. Aplicar esta peregrina idea no nos lleva a nada nuevo. Si cada partido del conglomerado tratara de perfilarse en sí mismo, ello implicaría el fin prematuro de la Nueva Mayoría, porque tal perfilamiento sólo se lograría recalcando las diferencias que existen entre ellos. Lo anterior no invalida la necesidad que se produzca una competencia de ideas que nos lleve a una propuesta que perfeccione la debilitada estructura institucional que hoy tenemos. Que como resultado de esta confrontación de ideas nazcan nuevos aportes al programa de gobierno. Los resultados de la elección presidencial no nos dan patente de perfección programática: todo es perfectible, todo se puede cambiar.
Que me disculpen los representantes oficiosos u oficiales de la idea del programa pétreo e inamovible: para los cambios que Chile necesita no bastan las “condecoraciones del pasado”, es necesario un programa que revolucione el actual estado de cosas y inicie el transito a una sociedad más igualitaria. Lo que queremos no es seguir administrando el proyecto de sociedad de la derecha. Queremos revolucionar y quebrar el status quo imperante y construir una patria más inclusiva.
La Nueva Mayoría es -o podría ser- en sí misma un proyecto de interpretación de las inquietudes ciudadanas, para bien o para mal, y fracturarla en sus componentes implica debilitar su fortaleza, que es haber juntado al centro y a la izquierda en un proyecto político de país, y será ella la que permitirá terminar la tarea inconclusa: más democracia, participación y justicia social para Chile.
Elijamos a Michelle Bachelet como nuestra Presidenta para encabezar una nueva propuesta verdaderamente democrática. Que sea un experimento de corto o largo aliento tiene que ver con qué tan profundo cambiará el país que hoy tenemos y para ello no basta con la suma de los partidos y grupos de la antigua coalición más el partido comunista. Es necesario un movimiento social, critico, fuerte y autónomo que nos exija y acompañe en el cumplimiento de las promesas de campaña.
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Columnas

28 de enero de 2014

Desigualdad global: crisis sin oportunidad

Claudio Vásquez Lazo

Ex embajador

Según algunos economistas, se estaría perfilando un nuevo mundo que permitiría la salida a la crisis económica que nos precedió e impulsaría también retomar los temas que quedaron en el olvido por “salvar a la economía global del abismo”, tales como la desigualdad, la salud y el cambio climático, entre otros. Lástima que, para resolver estos grandes temas, las recetas son las mismas que han fracasado hasta ahora. Como dice una publicación del viejo mundo: ¿quieren la liberación del mercado del trabajo y al mismo tiempo denunciar la creciente desigualdad de renta?

En El Mostrador se informó que, según un informe elaborado por Intermón Oxfam –con datos de organismos oficiales– para el Foro Económico Mundial de Davos, 85 multimillonarios acumulan tantos bienes como los 3.570 millones de personas con menos ingresos.

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El informe dice que el 1% de la población más rica de EE.UU. acapara más del 95% del crecimiento generado tras la crisis financiera reciente y que 1% de la población del mundo tiene la mitad de la riqueza global. Como dice un medio escrito europeo, refiriéndose al aumento de las desigualdades en el mundo: “Se mire por donde se mire, la calificación apropiada es de escandaloso, tanto a nivel mundial como de cada país”.

Para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, las desigualdades crecientes en el mundo no sólo son profundamente injustas, sino que también son un factor que impide el desarrollo económico y que, de no aplicar medidas correctoras, la situación se aproximará a lo insostenible.

Todos dicen que el aumento de las desigualdades y la acumulación de riquezas extremas en manos de cada día menos personas, traerán aparejados menos consumo y un debilitamiento del sistema capitalista. Por otro lado, la democracia corre peligro porque los poderosos extremos que hoy tienen el poder económico no resistirán la tentación de manipular y condicionar las decisiones de la política.

Las diferencias de ingresos en países como el nuestro, según el informe “Riesgos Globales 2014”, elaborado por políticos, académicos y empresarios, presentado recién en Londres para el Foro Económico Mundial, aumentan el riesgo de inestabilidad social y de conflicto.

El foro Económico Mundial alerta en su informe anual del riesgo que supondrá para la estabilidad del mundo en la próxima década la creciente disparidad entre países ricos y pobres.

En los últimos años la tendencia del Foro en  Davos ha sido la tibia incorporación de invitados de otros sectores que no sean gobiernos y empresarios. En todo caso, a pesar de lo anterior, entre jefes de Estado y de gobiernos, ejecutivos, empresarios, totalizan 2.500 delegados que –bajo el lema de este año: Rediseñando el Mundo: consecuencias para sociedad, la política y las empresas– pretenden buscar “nuevas” salidas que permitan mantener el sistema de cosas, sin grandes sobresaltos y, para ello, apelan al buen criterio de los poderosos.

La pregunta que muchos se hacen hoy día es: ¿para qué sirve este foro y muchos otros encuentros que se realizan cada año si la situación –a pesar de los informes que la denuncian– sigue no sólo igual sino peor que antes? En  efecto, los riesgos potenciales que anuncia el Foro de Davos, tales como la crisis alimentaria, la posibilidad de nuevos fallos de los sistemas o las instituciones financieras o una profunda inestabilidad política y social se vienen arrastrando desde hace décadas. Si agregamos a lo anterior el alto desempleo juvenil, las crisis fiscales, la crisis del agua, etc., tenemos un cóctel explosivo que, sin cambios estructurales al sistema de cosas imperante en el mundo, nos lleva a una catástrofe de dimensiones incalculables. Lo que grafica la esperanzas de los poderosos y la mantención del statu quo, son las declaraciones de las últimas semanas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, cuando nos dice que “el optimismo está en el aire”, dado el renovado protagonismo que en la economía mundial cobran los países desarrollados y, de paso –hay que decirlo–, el mal desempeño de los llamados países emergentes que sólo hace cuatro años eran la esperanza para resolver los problemas de la economía global.

En una entrevista a la revista El País Semanal, la Sra. Lagarde reconoce que, si bien en el año 2007 la crisis se vio venir, “tenían la impresión de que EE.UU. iba a resolver y arreglar su sistema financiero como para evitar que hubiera una crisis financiera mundial. Eso no sucedió –continúa Lagarde– y en septiembre de 2008 la caída de Lehman Brothers puso en jaque a las economías avanzadas”. Lo concreto es que el rescate de los bancos no fue oportuno porque las economías de algunos países estaban construidas, como ella dice, “con esteroides” y sobre la base de volúmenes enormes de liquidez y de especulación basados en el desarrollo inmobiliario. Si bien este cuento lo conocemos, la otra pregunta que nos hacemos es: ¿qué medidas se han tomado para que esto no se repita?  Y la otra que cae de cajón: ¿quién paga los costos de la farra?

Los antecedentes  indican que los costos los están pagando los sectores populares y que hasta el momento estamos lejos de la esperanza de que el sistema bancario “esté saneado, saludable y bajo control” para la total recuperación de la economía mundial.

Según algunos economistas, se estaría perfilando un nuevo mundo que permitiría la salida a la crisis económica que nos precedió e  impulsaría también retomar los temas que quedaron en el olvido por “salvar a la economía global del abismo”, tales como la desigualdad, la salud y el cambio climático, entre otros. Lástima que, para resolver estos grandes temas, las recetas son las mismas que han fracasado hasta ahora. Como dice una publicación del viejo mundo: ¿quieren la liberación del mercado del trabajo y al mismo tiempo denunciar la creciente desigualdad de renta?

Más allá  de la crisis financiera, como señala el periodista de El País Semanal, estamos viviendo una crisis moral del capitalismo de casino, cuya factura pagan los débiles.

Los indignados, víctimas del mundo, plantean que esto “no es una crisis, sino una estafa, que ha producido más pobreza y sufrimiento”. En definitiva, nadie quiere ponerle el cascabel al gato: la crisis actual no tiene soluciones fáciles y con las recetas del Fondo Monetario Internacional, ni cien Foros Mundiales nos salvan de la catástrofe futura. En este caso, no podemos aplicar el aforismo de que en toda crisis hay una oportunidad.

¿ Para qué quieren el poder ?

      Claudio Vásquez Lazo
www.reddeacceso.blogspot.com


Estamos cerca de dos elecciones muy importantes para el devenir político del país. En efecto, las próximas municipales y las del año siguiente de Parlamento y presidenciales marcaran un antes y un después en nuestra historia por quien gobierna. En nuestro caso, la pregunta que nos hacemos es para qué quiere la Concertación volver al poder y la Alianza repetirse el plato. La política tiene muchos significados, pero aquí la usamos en el sentido más restringido del término, que alude específicamente a la lucha por la elección de los cargos más importantes del Estado: en definitiva, es el intento de ganar posiciones para influir en el modo que se ejerce el poder estatal. Max Weber, en sus escritos “Política como Profesión”, distingue dos nociones de la política: una más restringida, entendida como todo lo relacionado con la adquisición, la distribución y el ejercicio del poder del Estado. En su versión más amplia, más general, la política tiene que ver con cualquier conjunto de relaciones de subordinación, es decir, de dominio o mando por un lado y de obediencia por el otro, aunque no se den en el marco de un Estado, ni se haga uso de los recursos del mismo. Para Foucault, los aspectos relacionados con el poder que se presentan en el desenvolvimiento social no pueden ser referidos sólo y exclusivamente a la estructura económico-política. La importancia de las construcciones culturales para explicar el comportamiento humano de un determinado período está presente en toda la reflexión de Foucault: El poder no es concebido bajo una forma única, sino plural y presente en el comportamiento cotidiano del individuo. Para Carlos Marx, el desenvolvimiento de la economía y de la reproducción material de la vida es el punto de partida de su construcción teórica. En efecto, todo está atravesado por el enfrentamiento de las clases fundamentales de cada modo de producción. En Marx, la instauración del comunismo sería el triunfo sobre el uso y distribución de los recursos y también la herramienta para superar los conflictos históricos que caracterizan el desarrollo humano. Desde la antigüedad, el tema de la política ha estado vinculado a la cuestión de las diversas formas de poder del hombre. Del griego Krátos, fuerza, potencia, y archia, autoridad, nacen los nombres las antiguas formas de gobierno que se usan todavía hoy, como: Aristocracia, democracia, plutocracia, monarquía, oligarquía e igualmente todas las palabra imaginadas para designar formas de poder político (burocracia, partidocracia, poliarquía etc.). Aristóteles distingue tres formas típicas de poder basados en el diferente tipo de sociedad en el que se aplica: el poder del padre sobre los hijos, el del amo sobre los esclavos y el del gobernante sobre los gobernados; en este último caso el interés con que se ejerce el poder es el político e involucra a las dos partes que componen la relación, lo que es llamado “bien común”. En Atenas (siglo VI a.C.) la ciudadanía la tenían los varones adultos (en edad militar), siempre que fueran hijos de padre y madre ateniense y libres por nacimiento. Esta limitación era muy importante porque la relación libres-esclavos era de uno a cuatro. La plenitud de los derechos políticos –que constituye el contenido mismo de la ciudadanía- no se concedía a los pobres. Como podemos ver, según el profesor y filólogo Luciano Canfora, en la cuna de la democracia los ciudadanos socialmente más débiles tenían serias dificultades para ejercer la calidad de tales, a pesar de que el concepto de ciudadanía predominante en la época clásica consistía en la equiparación del ciudadano con el guerrero. Durante mucho tiempo el guerrero tenía que costearse la armadura y por ello la noción ciudadano-guerrero se equiparó a la de propietario. La ampliación de la ciudadanía en Atenas está ligada directamente a la necesidad de tener guerreros para su flota y al nacimiento del imperio marítimo. Así, muchos atenienses pobres lograron su calidad de ciudadanos. En todo caso, los grupos dirigentes son siempre los mismos: representantes de la clase alta. Si queremos definir a la democracia convengamos con Norberto Bobbio, quien define la democracia con tres principios institucionales: en primer lugar como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar decisiones y mediante qué procedimientos”; a continuación, diciendo que un régimen es tanto más democrático cuanto mayor cantidad de personas participa directa o indirectamente en la toma de decisiones; por último, subrayando que las elecciones deben ser reales. El sociólogo francés Alain Touraine, coincidiendo con Bobbio, nos dice que ”la democracia descansa sobre la sustitución de una concepción orgánica de la sociedad por una visión individualista cuyos elementos principales son la idea de contrato, el reemplazo del hombre político según Aristóteles por el homos oeconomicus”. La realidad política actual en el mundo y particularmente en nuestro país es muy diferente al modelo que nos proponen Bobbio y Touraine. En efecto, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones gremiales, poderes fácticos, le quitan autoridad al pueblo que supuestamente es el soberano; los intereses particulares no desaparecen y en el caso de Chile, las oligarquías se mantienen. Touraine nos dice en su libro ¿Que es la Democracia?: “Por último, el funcionamiento democrático no penetra en la mayor parte del dominios de la vida social, y el secreto, contrario a la democracia, sigue desempeñando un papel importante; detrás de las formas de la democracia se construye a menudo un gobierno de los técnicos y los aparatos”. Al Estado, nos dice Raymond Geuss en su libro Historia e Ilusión en la Política, ”le interesa obviamente presentarse no sólo como un agente que desempeña una variedad de funciones y proporciona ciertos servicios, y cuyas órdenes es racional que se tomen en serio sus miembros, sino como un agente que debe ser obedecido categóricamente” Para mí, el poder en democracia se ejerce cuando está legitimado por el pueblo soberano en elecciones libres e informadas, y con reglas del juego legitimas. Una promesa de obediencia o un contrato social sólo es posible y coherente si es producto de aceptación explícita y consentimiento. En la Edad Moderna, podemos distinguir los malos gobiernos como: paternalistas, en los que el gobernante se comporta con sus súbditos como si fueran sus hijos y por consiguiente como eternos menores de edad, o despóticos, en los que el gobernante trata a los gobernados como si fuera el patrón. Estas dos son formas degeneradas de aplicación del poder político. Con el nacimiento del cristianismo y la institucionalidad religiosa que de éste emana se desarrolla una organización de poder jerárquico. Todo poder que se afirma en la supremacía de la obediencia ciega es anómalo porque permite las tropelías y corrupción que podemos constatar en la historia. La búsqueda de la obediencia y el servilismo no es privativa de los círculos eclesiásticos. En efecto, muchos líderes políticos no aceptan la igualdad en las relaciones políticas y buscan la obsecuencia como respuesta. Maquiavelo, en el capitulo XVlll del Príncipe, describe las cualidades que debe poseer quien tiene en sus manos el destino de un Estado; dice que ha de combinar las propiedades del león y del zorro, es decir la fuerza y la astucia: estas son dos características que no tienen nada que ver con el fin del “bien común”, sino que se refieren al objetivo inmediato de conservar el poder, con independencia del uso público o privado que el gobernante quiera hacer del poder. La pregunta es: ¿por qué aspiramos al poder político? Dejemos que el citado Geuss nos responda: “Creamos y reproducimos estructuras políticas porque pensamos que tendrán algunas propiedades que deseamos, pero en general entre éstas se contara la capacidad de la institución en cuestión para producir ciertos efectos o permitirnos conseguir determinados fines” En nuestro caso, el concepto poder político lo entendemos como la capacidad para realizar cambios en nuestra desigual sociedad y su utilización es parte de lo que llamamos “servicio público”. Muchos se habrán encontrado con poder de un día para otro y no saben cómo lidiar con él. La paradoja es que muchas veces el poder destruye a las personas: las transforma en abusadoras, déspotas –ilustradas o no- que no entienden que el poder se va como llegó: por obra y gracia del ciudadano que lo eligió o nombró en un cargo de elección popular o en el aparato del Estado. A la luz de todo lo anterior y en respuesta a la pregunta planteada al inicio del artículo , la verdad es que la interrogante no es obvia: Si muchos de nuestros políticos no cumplen con los requisitos democráticos mínimos, ¿ para que quieren gobernar ?